La sentencia inicial condena al agresor a una pena de 9 meses de prisión.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revocó la sentencia. El tribunal consideró que no existían pruebas de cargo suficientes para identificar de forma inequívoca al acusado como autor de la agresión.
La decisión deja a las víctimas sin reparación penal, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
El caso pone de relieve los desafíos probatorios en este tipo de delitos y la necesidad de mecanismos eficaces para su investigación y persecución.