La discriminación en el acceso a la vivienda por razón de etnia está prohibida por la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de Trato y el artículo 14 de la Constitución Española. El rechazo encubierto por origen étnico constituye una discriminación directa, aunque sea difícil de probar.

En este caso, la familia cuenta con una prueba fundamental: el piso seguía disponible al día siguiente. Ese hecho —contrastable con capturas de pantalla, correos o testigos— demuestra que la razón alegada era falsa.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) y otras organizaciones ofrecen asistencia jurídica gratuita para presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo, el CODEX (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial) o los juzgados de lo social.

Según los informes anuales de discriminación de la FSG, la vivienda es uno de los ámbitos donde más se registran casos de antigitanismo. La mayoría no se denuncia por desconocimiento de los mecanismos o por el coste emocional del proceso.